Usted podría conocer esta frase de la siguiente manera: “La justicia tardía es la máxima injusticia” o quizás no conocerla, sin embargo, creo que estaría de acuerdo conmigo en que cualquier persona o institución en situación de poder evitar una injusticia o resarcir un acto de injusticia y no lo hace, a sabiendas de que su falta de acción agrava la injusticia inicial y luego enmienda, no debe ser un acto digno de exaltación.Me explico, si hacemos sólo lo que nos corresponde, dónde está la gloria en ello? Pues podríamos confrontarlo con la Palabra de Dios en Lucas 17, 7-10, “Siervos Inútiles Somos”, pues al hacer justicia no hemos hecho sino lo que estábamos obligados a hacer, entonces, si hemos hecho sólo lo que nos correspondía, qué merito tiene?
Traigo a colación esta reflexión en el marco de la reciente aprobación de la ley de Regularización de la Población bajo el Estatuto Humanitario Provisional de Protección, en adelante el Estatuto, consagrado en el Decreto Ejecutivo No. 23 de Febrero de 1998.
Hay que reconocer, ciertamente, que hemos encontrado mayor eco en representantes de este gobierno al clamor de la población en situación de refugio que ha vivido por catorce (14) años en Darién bajo el Estatuto. Su valor en reconocer que esta condición vulneraba los derechos y la dignidad de esta población es rescatable, sin embargo, no han hecho más de lo que debían hacer en justicia.
Con esta ley recién aprobada se perfecciona o se le brinda la máxima protección posible a esta población desde nuestra posición como país receptor.
Habría que recordar que el Estatuto fue concebido en medio de una situación muy particular y con el cual se brindó una respuesta rápida a la situación de cientos de personas de nacionalidad colombiana que ingresaron a nuestro país para salvaguardar sus vida y honra de la violencia generalizada que afectaba su país de origen.
Desde nuestra percepción, el estatuto respondió a una situación muy concreta: la entidad de gobierno encargada de atender a la población recién ingresada que se encontraba en evidente situación de refugio no contaba con los recursos humanos y financieros necesarios para hacerlo de la forma debida.
Sin embargo, consideramos que la situación inicial de carencia de recursos fue suplida con el tiempo por la falta de voluntad de las autoridades de turno, en tres (3) periodos presidenciales distintos, de dar solución real al problema.
A pesar de que la población bajo el estatuto contaba con el perfil de una población en situación de refugio, las autoridades no dieron curso al procedimiento de acceso a tal condición, limitando los derechos de estas personas y convirtiéndoles en ciudadanos bajo libertad condicional, sin derecho al trabajo remunerado, a la libertad de movimiento, al acceso de posesión tierras para vivienda y cultivo, sin acceso a crédito y dependiendo, por ley (cfr. Art. 83 del DE 23 de 1998) de la caridad de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos.
Muchas son las anécdotas que podríamos decir y contar en estos catorce (14) años de aguante, pero también de fe y de esperanza por parte de una población que ha sufrido el desarraigo y la marginación por tantos años.
Sin embargo, esta es una hora en que nos unimos al regocijo de la población bajo el Estatuto que ahora podrá acceder a la residencia permanente. Se hace justicia, si! Pero el costo ha sido demasiado alto.
Muchos optaron por retornar a la incertidumbre y el miedo, otros se quedaron convencidos de que era mejor suplantar la libertad y el derecho, por la “seguridad” y hoy lamentan que familiares cercanos no hayan aguantado lo suficiente o que hayan fallecido sin gozar de una plena libertad.
Hay que festejar, si! Pero sin olvidar lo que nos ha costado. Sin dejar de aprender la lección recibida. Y, sobre todo, manteniendo firme vigilancia por que el espíritu de esta nueva ley sea cumplida en toda persona que cumpla con el perfil necesario, actuando en equidad, justicia y verdad.
